IDHDES

INSTITUTO DE DERECHOS
HUMANOS Y DESARROLLO USMP

Lineas de Trabajo

 

Derechos Humanos

Bioética y Derechos Humanos

El desarrollo y el progreso de los avances científicos han originado diversos beneficios para la humanidad. Sin embargo, ciertos tópicos plantean cuestiones relacionadas con el derecho, en particular, con los derechos humanos. En el desarrollo de este tópico de investigación, se analizará la compatibilidad de las medidas empleadas en la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas con los derechos humanos, de conformidad con la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Entre los principales temas que corresponden ser investigados en este tópico radican el aborto, la eutanasia, la clonación, la utilización de técnicas de reproducción asistida, el denominado "vientre de alquiler", etc.

El IDHDES busca colaborar con el diseño de políticas públicas que sean compatibles con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En el caso de la Bioética, dicho objetivo adquiere un matiz particular, ya que se pretende conjugar tanto el progreso que aporta la ciencia con el respeto de los derechos humanos.




Políticas Públicas y Derechos Económicos, Sociales y Culturales

El principio de interdependencia ha permitido advertir que no es viable admitir el desarrollo de los denominados "derechos civiles y políticos" sin el consiguiente fomento o promoción de los "derechos económicos, sociales y culturales". No se trata, pues, de derechos que carezcan de eficacia directa, por lo que los Estados asumen obligaciones inmediatas en cuanto a su protección. Por ello, el diseño de las políticas públicas no puede perder de vista que estos derechos también ostentan un contenido plenamente exigible de conformidad con los estándares internacionales.

Sin embargo, el derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido que ciertos colectivos de personas merecen una especial protección. En efecto, tanto de la Constitución como de los tratados internacionales se advierte que tiene que prestarse una particular atención a ciertos colectivos de personas que, por su situación histórica, se encuentran en situación de vulnerabilidad, tales como los miembros de comunidades indígenas, las mujeres, los afrodescendientes o las personas que padezcan alguna clase de discapacidad. Este contexto desventajoso tuvo como origen una discriminación permanente, que les impidió el acceso a diversos beneficios y derechos. Ello ha originado que, en la actualidad, los Estados promuevan ciertas medidas ventajosas con el propósito de intentar reducir o eliminar dichas desventajas, medidas que han sido definidas en el derecho comparado como "medidas afirmativas", las cuales tienen la principal característica de ser temporales en tanto dicha situación no sea revertida.

El IDHDES, consciente de esta relación de interdependencia, colaborará, a través de investigaciones, a fomentar que las políticas públicas de derechos económicos, sociales y culturales mantengan un enfoque transversal de respeto de los derechos humanos.

Asimismo, el IDHDES advierte que el diseño de políticas públicas en materia de derechos económicos, sociales y culturales debe mantener un especial enfoque en los grupos vulnerables, ya que el Estado debe permitir que gocen, en igualdad de oportunidades, de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Por ello, este tópico también pretende colaborar con investigaciones que pongan en evidencia, en primer lugar, la situación de discriminación histórica de estos colectivos para, en segundo lugar, enfatizar las obligaciones que tienen los Estados de proteger y promover sus derechos en el diseño de políticas públicas.




Democracia y Libertad de Expresión

La libertad de expresión es la piedra angular del sistema democrático. Por ello, los Estados tienen el deber de garantizar este derecho en la mayor medida posible, ya que, en cuanto más diversas sean las opiniones transmitidas, mayor será la posibilidad de los ciudadanos de forjarse alguna idea firme sobre algún asunto de relevancia pública. Evidentemente, no solamente a través de la libertad de expresión se garantiza la existencia de un sistema democrático. Por ello, y sobre todo tomando en consideración las pautas contenidas en la Carta Democráticas Interamericana y en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se esbozarán algunos indicadores para advertir en qué casos nos encontramos realmente ante un sistema democrático.

El IDHDES aportará investigaciones que permitan poner en evidencia los indicadores que deben ser promovidos y cumplidos para que exista un sistema democrático de conformidad con los estándares internacionales en la materia, ya que el sistema democrático es el que ha permitido, al menos hasta ahora, la mejor protección y tutela de los derechos humanos.




Estándares en uso de la fuerza

De conformidad con los principales tratados y declaraciones de derechos humanos, el uso de la fuerza se encuentra plenamente justificado, incluso cuando se trate de la fuerza letal. Sin embargo, se ha podido advertir de manera creciente un uso indiscriminado de la fuerza en varios ámbitos, por lo que resulta indispensable hacer referencia a los parámetros que han manejado esencialmente los organismos internacionales y de derecho comparado para imponer límites al uso de la fuerza pública, la cual, aunque pueda pretender proteger algún bien y objetivo legítimo, no por ello se encuentra habilitada a desconocer los derechos humanos. Esta situación ha sido particularmente delicada en los casos en los que la vida de los propios funcionarios del Estado ha peligrado.

Por ello, el IDHDES promoverá la investigación de las principales limitaciones que tiene el uso de la fuerza tanto en el derecho internacional como en el derecho comparado, para aportar información que pueda ser útil a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ya que de no acatarse dichos estándares internacionales se podría generar la responsabilidad internacional del Estado.




Debido Proceso y Acceso a la Justicia

Frente a violaciones de derechos humanos, la posibilidad que tenga un Estado de realizar una correcta y diligente investigación -con la consiguiente imposición de una sanción- generaría que no existan demandas ante instancias internacionales. Es por ello que la realización de un debido proceso, así como el establecimiento de las condiciones mínimas para acceder en situación de igualdad a la justicia, son herramientas indispensables dentro del Estado Constitucional de Derecho. En efecto, por lo común la responsabilidad internacional del Estado se torna en exigible cuando, teniendo la oportunidad de reparar un daño generado a nivel interno, no lo hubiese hecho. Es así que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos demanda la presencia de un Poder Judicial o un Tribunal Constitucional que cuente con todas las garantías necesarias para una correcta administración de justicia. Sin ellas, es probable que todos los casos que puedan remediarse a nivel interno culminen en demandas internacionales, con la consiguiente carga procesal y saturación del sistema internacional de protección de derechos humanos.

Ahora bien, particularmente en el caso peruano, la existencia de comunidades indígenas genera la presencia de una conveniente pluralidad, que se refleja en la cosmovisión y el estilo de la vida que las mismas ostentan. Parte de esas diferencias también se advierten en la manera en que administran justicia, la cual incluso ha sido reconocida en el texto constitucional peruano. Sin embargo, también se ha establecido que dicha administración de justicia no puede vulnerar los derechos humanos. Ello ha originado el problema de determinar en qué casos resulta válido que el Estado intervenga en la administración de justicia y qué medidas deben adoptarse contra las personas que quebrantan la ley, ya que también existe el deber de considerar la especial situación de la persona al momento en que se decide su caso particular.

Es así que el IDHDES promoverá investigaciones que adviertan la necesidad de contar con garantías no solamente en la realización del proceso mismo, sino también la necesidad latente de que los propios operadores cuenten con las garantías necesarias en la administración de justicia, lo cual permitirá que sean las autoridades internas las que permitan dar cabal cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas en virtud de los tratados sobre derechos humanos.

Del mismo modo, el IDHDES es consciente de la enorme diversidad cultural existente en el territorio peruano, así como en otras zonas particularmente de América Latina. Por ello, en el desarrollo de este tópico, se promoverán investigaciones que permitan aportar estándares en cuanto a la administración de justicia en las comunidades indígenas, así como de las medidas que puede imponer el Estado a estos colectivos de personas.




Intereses difusos o derechos de incidencia colectiva

La relación entre el medio ambiente y el ejercicio de los derechos es evidente. Por ello, no sorprende que en el derecho internacional se reconozca al medio ambiente como un derecho humano, al mismo tiempo que una institución indispensable para la existencia de los seres vivos. Eso motiva a que cualquier afectación a este bien genere un malestar colectivo. De similar manera, diversos intereses difusos son reconocidos en las legislaciones de diversos Estados, y demandan la protección no solo del Estado, sino también de la misma sociedad. De esta manera, resulta indispensable conocer qué obligaciones existen en relación con el medio ambiente, y de qué manera deben desenvolverse los actores sociales a fin de respetar estos derechos que tienen incidencia colectiva.

El IDHDES, en su rol de ente difusor de los derechos humanos, promoverá investigaciones en relación con la manifiesta importancia de contar con un medio ambiente sano, lo cual genera que los actos u omisiones tanto del Estado como de los privados debe ser ejercido en consonancia con dicho bien constitucional. Asimismo, se examinarán cuestiones relacionadas a otros derechos de incidencia colectiva tales como los derechos de los usuarios y consumidores o de la competencia.




Monitoreo e Implementación de las decisiones de los organismos internacionales de tutela de derechos humanos

Procesal Constitucional, por lo que resulta indispensable tomar en consideración dichos pronunciamientos, y si es que existen temas pendientes para implementar en relación con aquellas decisiones.

El IDHDES fomentará investigaciones con el propósito de hacer seguimiento a las decisiones adoptadas por los organismos internacionales de protección de derechos humanos, y advertir su grado de cumplimiento por parte de las autoridades nacionales. Ello permitirá coadyuvar a la implementación de estas decisiones a nivel interno, lo cual reforzará la protección que se brinde a los derechos humanos.




Desarrollo

Índices de desarrollo humano y lucha contra la pobreza

El Índice de Desarrollo Humano es un indicador elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual toma en cuenta la realidad existente en diversos países. Este indicador se basa en tres criterios, los cuales son: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. En el caso peruano, resulta evidente que han existido notables progresos en la materia, sin embargo, aún quedan labores pendientes en cuanto a la plena realización de estos indicadores, los cuales no hacen sino demostrar la creciente interdependencia entre los derechos civiles y políticos con los derechos económicos, sociales y culturales. En efecto, el PNUD pone en evidencia que no es posible hacer referencia al derecho a la vida sin que existan condiciones mínimas de salud o educación. De ahí que sea importante tomar en cuenta dichos indicadores para advertir el desarrollo de los derechos humanos, así como su efectividad, dentro de los Estados.

En este mismo sentido, resulta evidente que la pobreza representa una múltiple vulneración a los derechos humanos. Sin embargo, las causas que la originan difieren mutuamente, y no se ha encontrado en el panorama internacional una solución frente a este flagelo. Incluso a nivel internacional se cuenta con reglas especiales de atribución de responsabilidad internacional cuando se trata de la no utilización de recursos económicos de manera óptima. Por ello, resulta indispensable analizar cómo es que el fenómeno de la pobreza es abordado desde el derecho internacional de los derechos humanos, ya que ello permitirá identificar las obligaciones inmediatas que tienen los Estados de combatir la pobreza, más aun en determinados casos en los que, de no hacerlo, se podría demandar su responsabilidad internacional. El IDHDES es consciente que el combate a la pobreza promoverá, en mayor medida, tanto la inclusión social como el pleno ejercicio de diversos derechos fundamentales, por lo que es pertinente colaborar con líneas de investigación que resalten que la pobreza es un fenómeno que vulnera diversos derechos humanos y que puede acarrear, en ciertos casos, la responsabilidad internacional del Estado.

En tal sentido, el IDHDES planteará investigaciones relacionadas con los índices de desarrollo humano de las Naciones Unidas y la plena efectividad de los derechos reconocidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, lo cual también permitirá notar los puntos pendientes de cumplimiento en la agenda política nacional que permitan garantizar su pleno ejercicio.




Recursos naturales y Responsabilidad Social Empresarial

La actividad empresarial es indispensable para el desarrollo económico de cualquier país, ya que fomenta la riqueza individual y el fomento de puestos de trabajo, así como la explotación de recursos. Sin embargo, sin una visión social, la actividad empresarial puede perder de vista que dicho derecho a la propiedad también debe ejercerse respetando el bien común. De ahí que sea conveniente que los empresarios, al momento de desarrollar sus ganancias, tomen en cuenta que su actividad carecería de sentido de no ser por la presencia de recursos o bienes que se encuentran presentes en la misma comunidad. Del mismo modo, la actividad empresarial desenfrenada puede afectar el propio ecosistema, por lo que debe encontrarse limitada a mantener un equilibrio ecológico que no altere el desarrollo de otras formas de vida. Ello se encuentra fuertemente interrelacionado con los denominados interese difusos y el derecho a contar con un medio ambiente sano.

En la actualidad, el gran debate que existe en torno a la utilización de recursos se relaciona con los límites que pueden tener la inversión y la actividad privada frente a los derechos de minorías a que no se altere su territorio o su modo de vida. Estos grupos afectados no son necesariamente comunidades indígenas, pero ciertamente no se encuentran en una situación óptima para proceder a una negociación. Asimismo, el problema se presenta cuando estos grupos se muestran en contra de obras de inversión social, o incluso cuando no desean contar con inversión privada en sus zonas. El reto que tiene el Estado radica en compatibilizar, por un lado, el derecho a la libre iniciativa privada, con el derecho de los miembros de la comunidad de contar con un ambiente equilibrado y desarrollar su propio proyecto de vida.

El IDHDES nota la gran cantidad de comunidades indígenas en nuestro territorio. Del mismo modo, la existencia de diversas comunidades que, sin ser propiamente indígenas, podrían ser amparadas por el derecho a la consulta previa. De ahí que resulte indispensable efectuar investigaciones con el propósito de indagar respecto de los requisitos que exige el derecho internacional para considerar a una comunidad como indígena o tribal. También es pertinente presentar el panorama existente en los casos en que las comunidades se oponen a los proyectos que puedan afectar sus recursos naturales, y si es que ostentan (o no) un derecho al veto.

En ese sentido, el IDHDES busca colaborar con investigaciones que fomenten el respeto de los derechos de los grupos vulnerables con los legítimos intereses de sectores empresariales que intenten realizar proyectos de inversión. Con ese propósito, se recurrirá a la experiencia comparada para advertir cómo es que se debe desenvolver el Estado en esta clase de casos, y que la protesta no sea criminalizada o que, cuando se torne violenta, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respeten los estándares internacionales. En razón a ello, el IDHDES desarrollará investigaciones que tomen en cuenta que la actividad empresarial debe tomar en cuenta ciertas pautas que emanan del derecho internacional de los derechos humanos. Ello conllevará a que la actividad empresarial no solamente de frutos económicos, sino también humanos.




Cambio climático y desarrollo sostenible

El progreso de las tecnologías ha mejorado la calidad de vida humana en distintos ámbitos. Sin embargo, estos avances serán más aparentes que reales si es que no van aparejados de políticas públicas que respeten y promuevan la protección del medio ambiente. En efecto, la utilización desmedida de los recursos naturales puede generar ventajas económicas a las empresas y los Estados en el corto plazo, pero ello puede también ocasionar consecuencias irremediables al ecosistema, sin el cual la propia vida humana carece de sentido.

Ahora bien, además de la utilización desmedida de los recursos naturales, en la actualidad ya se ha podido advertir notorias modificaciones en el clima. Este problema, al ser común para toda la humanidad, ha intentado ser afrontado de manera conjunta por todos los países. Es así que la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático dispone el deber de los Estados desarrollados de además de reducir sus emisiones, transferir recursos a los países en desarrollo para enfrentar las amenazas del cambio climático, lo cual genera una serie de complicaciones económicas y, consiguientemente, que los Estados no cumplan con sus obligaciones asumidas en virtud de la Convención en tanto no cuenten con los recursos financieros indispensables. En dicho contexto, el deber de los Estados de reducir las emisiones que afectan el clima encuentra una serie de trabas que ameritan ser analizadas con profundidad.

En tal sentido, el IDHDES se compromete a efectuar investigaciones en relación con las iniciativas legislativas en nuestro país que intenten afrontar la problemática del cambio climático. Asimismo, se aportarán estándares que han sido desarrollados por los tribunales de justicia, los cuales ponen en evidencia que el accionar de entidades públicas o privadas tiene como principal límite la explotación razonable de los recursos naturales y el consiguiente respeto del ecosistema.




Cuestiones Sociales

Personas con discapacidad y el deber de adoptar ajustes razonables

Las medidas afirmativas no representan el único mecanismo para intentar reducir la discriminación. En el derecho internacional, particularmente a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, se ha reconocido el deber que tienen los Estados de adoptar "ajustes razonables" con el propósito de reducir las desventajas que suele padecer este colectivo social. De esta manera, a diferencia de las medidas afirmativas, los ajustes razonables son medidas permanentes que pretenden lograr que las personas con discapacidad gocen, en igualdad de condiciones, de los mismos beneficios y derechos que el resto de la población.

De este modo, el IDHDES colaborará con investigaciones que adviertan los ajustes que deban realizar los Estados en el diseño de políticas públicas, y que permitan que las personas con discapacidad puedan gozar de beneficios y derechos en igualdad de oportunidades que el resto de la sociedad.




Justicia Juvenil

En la actualidad, la seguridad ciudadana se ha visto constantemente afrontada por la presencia de bandas y organizaciones criminales. Sin embargo, más preocupante resulta la creciente participación de menores de edad en los eventos delictivos. En efecto, la actividad criminal que se inicia a una edad temprana refleja que los menores, normalmente en una situación de vulnerabilidad por su falta de madurez psicológica y física, no cuentan con la adecuada protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Es por ello que la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas pretende que los menores gocen de un tratamiento diferenciado en los supuestos en los que hubiesen quebrantado la ley penal. A este sistema, reconocido por lo demás en el derecho comparado, se le denomina Justicia Juvenil, y busca reincorporar a los menores a la sociedad.

El IDHDES advierte la existencia de diversos proyectos de ley que intentan combatir la delincuencia juvenil. Por ello, en el desarrollo de este tópico de investigación, se colaborará con el diseño de prácticas e instituciones que permitan lograr dicho cometido, siempre de conformidad con las pautas consagradas en el Derecho Internacional de los derechos Humanos.




Justicia Juvenil

Por lo común, la situación de las personas privadas de libertad no se analiza de una manera consistente, lo cual suele obedecer a la casi nula preocupación que la sociedad tiene respecto de la población carcelaria. Sin embargo, más aun en el caso peruano, ese interés debe ser creciente, toda vez que es una realidad el que una gran cantidad de personas privadas de libertad no cuenten con condena firme, lo cual atenta contra su proyecto de vida. Del mismo, las condiciones carcelarias en muchas oportunidades no permiten que se logren las funciones de la pena, es decir, la posibilidad de que la persona condenada pueda resocializarse y reinsertarse en la comunidad. Es por ello que resulta indispensable que la población carcelaria goce de un mínimo nivel de vida digno mientras cumpla su pena privativa de libertad, ya que ello le permitirá, cuando la misma culmine, que pueda reintegrarse sin problemas y sin estigmas dentro de la sociedad.

El IDHDES promoverá investigaciones que promuevan los derechos esenciales de la población carcelaria, ya que ello permitirá que estas personas, al momento en que retomen su libertad, puedan reintegrarse a la sociedad y no intenten quebrantar nuevamente el ordenamiento jurídico, lo cual también permite garantizar la seguridad de los demás.




Enfoque de Género y derechos de la mujer

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha reconocido la existencia de grupos vulnerables, los cuales se caracterizan por las dificultades que atraviesan para el pleno goce y ejercicio de sus derechos. La consideración de un grupo como "vulnerable" genera el inmediato deber por parte de los Estados de adoptar todas las medidas que sean indispensables para la adecuada protección de sus derechos, siempre en consideración de su situación particular

De este modo, las obligaciones estatales en materia de derechos humanos imponen el deber de tomar en cuenta dicha situación de vulnerabilidad en el diseño y aplicación de políticas públicas, por lo cual se trata de un tema transversal en relación con el pleno desarrollo y el goce de los derechos humanos. En el caso de las mujeres, dicha situación de vulnerabilidad obedece a la constante discriminación y postergación de las que han sido víctimas en razón de su sexo y de su género, lo cual ha motivado la adopción de instrumentos internacionales dedicados a reducir dichos actos de discriminación, como es el caso, en el ámbito interamericano, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de la Mujer (Convención de Belem do Pará).

De este modo, el IDHDES elaborará investigaciones en las que se advierta la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la mujer, la cual ha sido reconocida en el derecho internacional y en los pronunciamientos de los principales organismos internacionales de protección de los derechos humanos, ya que ello permitirá que las políticas públicas que diseñen las autoridades nacionales tomen en cuenta dicha vulnerabilidad, la cual amerita la adopción de tratamientos diferenciados legítimos.












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